Dividir un hogar tras el fin de un matrimonio es una de las experiencias más complejas. La combinación de aspectos emocionales, legales y económicos exige claridad y planificación para evitar sorpresas y proteger los intereses de ambas partes.

Panorama general de la hipoteca en el divorcio

La disolución del vínculo matrimonial no exime a ninguna de las partes de sus responsabilidades hipotecarias. El préstamo sigue vigente en los mismos términos tanto para él como para ella, aunque dejen de convivir en el inmueble.

El banco mantiene a ambos como deudores solidarios hasta que se realice una novación, subrogación o cancelación expresa del préstamo. Por tanto, la obligación contractual del hipotecado continúa en vigor sin importar las cláusulas del convenio regulador.

Obligaciones y uso de la vivienda familiar

Cuando existen hijos menores, el juez suele atribuir el uso de la casa a quien tenga la guarda y custodia, aunque esa persona no sea propietaria ni firme la hipoteca. Esto puede generar escenarios de responsabilidad compartida y conflictos si no se clarifican los términos.

Es importante distinguir entre titularidad del inmueble y condición de deudor hipotecario. Hay tres escenarios frecuentes en la práctica:

• Vivienda a nombre de uno, hipoteca a nombre de ambos.
• Ambos titulares de vivienda e hipoteca.
• Vivienda compartida sin hipoteca (ya cancelada).

En todos los casos, quien figure en el préstamo debe responder ante el banco, incluso si no habita la casa.

Opciones legales y económicas

Para gestionar la vivienda tras el divorcio, existen varias vías que pueden adecuarse a las necesidades personales y financieras de cada pareja.

• Extinción de condominio y compensación: uno de los ex cónyuges adquiere la propiedad y abona al otro un importe equivalente al 50% del valor.
• Novación de la hipoteca: modificar el préstamo para eliminar a uno de los deudores, sujeto a un nuevo análisis de solvencia y aprobación bancaria.
• Venta, dación en pago o alquiler compartido: alternativas cuando ninguno puede asumir la casa o prefiere liquidar la deuda.

Cada opción conlleva costes asociados y trámites administrativos que conviene prever.

Puntos de conflicto frecuentes

El proceso de divorcio y reparto de bienes genera tensiones que suelen girar en torno a la vivienda.

Entre los desencadenantes más habituales encontramos:

• Impago de cuotas tras la separación, con riesgo de morosidad y embargo.
• Discrepancias sobre el uso de la casa y los derechos de los hijos.
• Reclamaciones de reembolso de las cantidades aportadas por uno de los ex cónyuges.

El Tribunal Supremo ha reiterado que el pago de la hipoteca no es una “carga familiar”, sino un compromiso contractual frente a la entidad financiera.

Recomendaciones prácticas

Para minimizar riesgos y conflictos, es fundamental actuar de manera anticipada y coordinada:

• Obtener asesoramiento jurídico y financiero especializado.
• Negociar con el banco antes de firmar el convenio regulador.
• Solicitar una valoración profesional de la vivienda para determinar compensaciones.
• Planificar la carga financiera y garantizar que la cuota no supere el 30% de los ingresos.

Documentarse y contar con profesionales reduce la incertidumbre y el riesgo económico que supone mantener una hipoteca compartida tras el divorcio.

Si uno de los cónyuges asume el pago íntegro de la hipoteca, puede reclamar judicialmente la mitad de las cuotas abonadas al otro firmante. Asimismo, no todos los bancos aceptan novaciones o subrogaciones; suelen requerir garantías adicionales y un historial crediticio impecable.

Finalmente, la venta o alquiler de la vivienda puede resultar una solución equilibrada cuando ninguna de las partes puede asumir la responsabilidad a largo plazo. Este enfoque permite cancelar la deuda hipotecaria y repartir el patrimonio de forma justa, cerrando un capítulo con estabilidad económica y emocional.